Confederación Sindical de Comisiones Obreras

3 de febrero de 2014.

Seminario cambio climático

El pasado 13 de enero la Secretaría Confederal de Salud Laboral y Medio Ambiente organizó un seminario para repasar la actualidad de las políticas de cambio climático, en la que participaron responsables de federaciones y territorios de Comisiones Obreras.

 

 

 

 

 

 

 

La jornada comenzó con una ponencia de Laura Martín, de Sustainlabour, donde dio a conocer los resultados de la última cumbre de cambio climático de la Convención Marco de Naciones Unidas y Cambio Climático que se celebró en Varsovia.

El contexto de la conferencia estuvo marcado por la publicación del quinto informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), la tragedia del tifón Haiyan y la salida de las negociaciones de las ONGs ambientalistas, sociales y sindicales como protesta por los pobres resultados de las negociaciones.

El balance de la reunión fue bastante negativo. Se aprobaron varios textos que no dicen nada sobre los plazos para que se cumpla el compromiso sobre la financiación de 100.000 millones de dólares destinados a la lucha contra el cambio climático para 2020, ni sobre los medios para ampliar los compromisos relativos a la reducción de emisiones antes de 2020 ? fundamental para mantener el aumento de la temperatura media global por debajo de 2°C.

Tuvo lugar un importante retroceso político en países como Australia, Canadá o Japón, que admitieron que no cumplirán con sus compromisos anteriores de reducción de emisiones.

Además de debilitarse los compromisos de mitigación y de financiación, se descafeína el lenguaje de las acciones de los países desarrollados. Se pasa de ?compromisos de reducción? a hablar de ?contribuciones? y se trata de no diferenciar los compromisos entre los países desarrollados y no desarrollados. Los temas sociales, particularmente la consideración de la transición justa, se ignoran o tratan superficialmente.

Pedro Linares, secretario confederal de Medio Ambiente, hizo una intervención final donde marcó cuáles son las prioridades sindicales de aquí a la Cumbre de París de 2015 en la que se deberá alcanzar un acuerdo global del clima. Entre sus conclusiones, destacó la necesidad de seguir atendiendo las reuniones internacionales de la Convención Marco y apoyar el trabajo de la Confederación Sindical Internacional.

Para más información, se puede consultar el informe de valoración de la Cumbre de Varsovia y las actividades sindicales de la Confederación Sindical Internacional: http://ituc-csi.org/IMG/pdf/cop19_ituc_report_final.pdf

A continuación Begoña María-Tomé de ISTAS realizó un pequeño repaso de la situación actual sobre las emisiones y las políticas de cambio climático en el marco europeo y nacional.

En el ámbito europeo, se comentaron las siguientes directivas y reglamentos comunitarios que se encuentra en tramitación:

Los reglamentos sobre emisiones de vehículos ligeros nuevos plantean objetivos de reducción a 2020, de 95 gr. CO2/km recorrido para turismos y 147 gr. CO2/km para furgonetas. Se ha acordado la posibilidad de articular mecanismos de flexibilidad que lo que hacen es retrasar el cumplimiento del objetivo medioambiental a 2022. El texto deberá ser aprobado formalmente por el Consejo y el Parlamento.

La directiva ILUC (Directiva ILUC que modifica la Directiva 2009/28/CE, fomento de energías renovables y Directiva 98/70/CE de Calidad de Combustibles), relacionada con el uso de biocombustibles en el transporte, lo que persigue es que se considere el efecto de los biocombustibles procedente de cultivos agrícolas en el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero por los cambios indirectos del uso del suelo. El propósito es poner un tope al uso de biocombustibles procedentes de cultivos agrícolas para el cumplimiento del objetivo europeo del 10% de energía en transporte procedente de fuentes renovable para 2020.

El reglamento sobre gases fluorados con efecto invernadero (Reglamento que modifica el Reglamento 842/2006/CE) tiene como objetivo reducir cuotas de comercialización de los gases HFCs en un 80% a 2030. En España sólo hay una fábrica que produzca HFCs siendo más importante la fabricación de aparatos y equipos que los utilizan aunque tampoco supone una de las principales actividades industriales. No obstante, por nuestras particulares condiciones climáticas sí que somos grandes demandantes de este tipo de gases.

En segundo lugar se hizo un balance de los últimos datos disponibles de las emisiones de gases de efecto invernadero en Europa y de los resultados y perspectivas del comercio europeo de derechos de emisión.

Los datos demuestran que como resultado fundamental de la crisis económica y la caída de la producción industrial, la UE cumple con sus objetivos de reducción de emisiones.

La UE de los 15 ha reducido sus emisiones de gases de efecto invernadero casi un 15% respecto a los niveles de 1990, muy por encima de su compromiso con el Protocolo de Kioto (del 8%). Además ya se encuentra muy cerca del objetivo que tendrá que cumplir en 2020; las emisiones de la UE de los 27 son un 18,4% inferiores a 1990.

Por otro lado, terminado ya el segundo período del comercio europeo de derechos (2008-2012) es necesario evaluar la eficiencia y eficacia de este mecanismo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En este sentido, los dos primeros períodos han estado marcados con dos grandes problemas. El primero, el de los beneficios caídos del cielo recibidos fundamentalmente por la industria europea del acero y del cemento. Y el segundo, el hundimiento del precio del CO2 por efecto de la crisis y por el uso excesivo de créditos internacionales, entre otras causas. Hay que tener en cuenta que el funcionamiento óptimo de este mercado de emisiones se basaba en la premisa de un precio estimado del CO2 de alrededor de 30 euros/ton. Sin embargo, la tonelada de CO2 ha estado muy por debajo de esos niveles, alcanzando hasta los 3 euros/ton. En la actualidad el excedente de derechos de emisión supera ya los 2000 millones (del orden de las emisiones anuales de todas las instalaciones de la Unión Europea).

Para atajar estos problemas, la Unión Europea ha implementado nuevas reglas de aplicación y algunas modificaciones del sistema de comercio europeo para afrontar el tercer período de cumplimiento 2013-2020 en mejores condiciones (entre ellas, el backloading o retirada temporal de derechos de emisión para equilibrar oferta y demanda y subir el precio del CO2). No obstante, la propia Comisión Europea ve necesarias reformas estructurales que garanticen el buen funcionamiento del comercio de derechos a largo plazo.

Estas nuevas reformas están siendo objeto de debate político al mismo tiempo que la negociación del próximo paquete de energía y cambio climático para el 2030, que determinará los nuevos objetivos europeos de reducción de emisiones, producción de energía renovable y ahorro y eficiencia energética. Estas y otras decisiones estarán muy influidas por la campaña y las elecciones comunitarias que se celebrarán en mayo de este año.

En España, las emisiones totales de los sectores sujetos al comercio de derechos de emisión han aumentado un 2,2% en 2012 respecto al año anterior. Las emisiones procedentes de la generación eléctrica aumentaron casi un 7%; en los sectores industriales en su conjunto disminuyó un 6,3%.

Los resultados preliminares del funcionamiento del comercio de derechos de emisión en España arrojan la siguiente conclusión; desde la entrada en vigor de este sistema en 2005 hasta 2012, la intensidad de emisiones en las instalaciones industriales sujetas al régimen comunitario empeoró un 4,1%. Es decir, que en 2012 emitíamos un 4% más de CO2 equivalente por tonelada de producto fabricado que en 2005.

La Oficina Española de Cambio climático (OECC) está trabajando en una hoja de ruta a 2020 para reducir las emisiones en España en los sectores difusos (transporte, agricultura y hogares).  Los resultados preliminares son proyecciones nacionales de las emisiones de GEI del período 2013-2020 en distintos escenarios. Una de las conclusiones es que incluso en el escenario de políticas actuales con medidas adicionales, la tendencia es aumentar año a año las emisiones de estos sectores. De modo que se necesitan nuevas medidas para cumplir con el objetivo 2020 de reducir el 10% las emisiones de los sectores difusos.

Por último, una de las medidas por las que está apostando el actual Gobierno, es por el impulso de mecanismos voluntarios de medición y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. La OECC está desarrollando un paquete de medidas para impulsar el cálculo de huella de carbono en el seno de las empresas y otras organizaciones. Para ello ha redactado un Real Decreto por el que se crea el registro único del sistema voluntario de cálculo de la huella de carbono, su reducción y compensación por absorciones de dióxido de carbono; además elaborarán guías y manuales de cálculo.

 

 

 

 

 

 

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